Enfado social

ante la falta de un gobierno razonablemente honesto y eficiente…

Por: Lic. Ricardo Eguía Valderrama
Junio-11-2010

Con la mano en alto y con la excepción del 2006 también en una ceremonia solemne y faraónica los Presidentes de la República repiten el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” y es este un requisito constitutivo-imperativo, no simplemente protocolario…

Ese juramento presidencial (Art. 87 Const.) concluye con la frase sacramental pero inocua “que si así no lo hiciere que la Nación me lo demande” y la primera pregunta lógica para la cual no son necesarias profundas disquisiciones de constitucionalistas es la que el pueblo se hace: ¿Qué fórmulas o elementos reales o estructuras legales asequibles y bien reglamentadas tiene esta Nación para poder demandar a los Presidentes que incumplen o violan la Constitución?

La respuesta obvia, lapidaria y agobiante para el pueblo mexicano es el hecho incontrovertible que la Nación no tiene ninguna, ninguna fórmula auténtica ni elementos fiables o estructura alguna eficaz y fehaciente para exigirle al Presidente en turno que cumpla sin desviaciones con la Constitución y las otras leyes, mucho menos existen medios verdaderos, sólidos, accesibles que le permitan a la ciudadanía influir en nada para que se pueda sancionar a los ex-presidentes, mucho menos a los Presidentes que en funciones violen la Constitución o pisoteen el Estado de Derecho…

Como símbolo ominoso de un régimen presidencialista anacrónico, en este país el Presidente de la República no es responsable ante la ley y por ende es absoluto e intocable aun cuando la población en general resienta los efectos negativos de la conspiración oficial desbordada para violar impunemente las garantías individuales, los derechos humanos de los mexicanos…Se viola de manera flagrante y sin ninguna consecuencia cuando el Presidente utiliza el Ejército Mexicano en funciones de policía que no le corresponden y atropella a las Entidades vulnerando el Federalismo…

No es un problema de interpretación legal, no es un prurito de índole jurídico, mucho menos un problema conceptual, lo cierto es que en México los Presidentes no están obligados a nada y pueden hacer lo que quieren, abusar del poder, decidir el destino del país por capricho o simples latidas, equivocarse, mentirle a la Nación, destruir la economía, arrasar con la seguridad nacional e incluso con total desdén por el Poder Legislativo dejar de promulgar las leyes aprobadas por el Congreso sin vetarlas pero ejerciendo un ilegal “veto de bolsillo” que en cualquier otro país con una clase política comprometida con esa representatividad que ostentan, implicaría mínimo una moción de censura…

En países realmente democráticos, con división autentica de poderes en equilibrio, donde le Presidente es antes que todo el primer mandatario, se respeta el mandato del pueblo, se presupuesta con base a prioridades nacionales, se ejerce el gasto público con vigilancia permanente en tiempo real, se fiscaliza ese gasto, se evalúan resultados, no se derrochan los recursos públicos ni se desvían por la corrupción o en programas clientelares o electoreros, regularmente tienen gobiernos razonablemente honestos y eficientes pero también poseen buenos diseños constitucionales, mecanismos legislativos transparentes, agiles, suficientes e idóneos para que sus poblaciones lastimadas, lesionadas o sorprendidas por malos gobernantes realicen referéndums, se convoque a elecciones anticipadas o se revoque el mandato lo que les permite disfrutar Naciones ordenadas, igualitarias, con justicia y mejor gobernadas…

Aquí en México se dio la transición y llegó la alternancia para empeorar de tal suerte que desde el año 2000 a la fecha han transitado gobiernos que van en sentido inverso al de la sociedad, como enemigos jurados del pueblo, con ostensibles impulsos autoritarios, vicios, precariedad neuronal e incapacidad para gobernar por lo que ante el enfado social, el hartazgo del pueblo y para evitar que las protestas deriven en el estallido social se requiere una reforma de fondo que incluya la “Revocación de mandato” para posibilitar a la población un recurso eficaz contra la arbitrariedad, la improvisación y la reticencia obcecada para impedir la fiscalización permanente de la función pública en los tres niveles de gobierno…

El “Juicio Político” y juicios de procedencia o desafuero son en la practica una herramienta rigidizada y selectiva sometida al peso y discrecionalidad de las fuerzas políticas en el Congreso y a la presión mediática que como otro poder fáctico defienden el status-quo y los privilegios de las élites opuestas a los cambios profundos que se requieren con urgencia éste país…

Ante la evidente incapacidad del gobierno para funcionar en beneficio de los ciudadanos y del respeto a sus derechos fundamentales… ante un Gobierno que no sabe proveer ni facilitar el bien colectivo… ante el peligro de que el país se facture por una sociedad hastiada de la corrupción y del grave déficit de la vida pública que empieza por el Presidente de la República como vértice de la pirámide de poder omnímodo y ante una democracia imposible que se pretende agotar en la sola emisión del voto, procede un cambio radical político, legal, cultural, mental que evite a México permanecer en el eterno sub-desarrollo mediante la “Revocación de mandato” con reglas claras, ágiles, metodología y criterios de procedencia bien definidos.

No debe permitirse se eluda la “Revocación del mandato” en la nocturnidad del exégeta, del hermeneuta o de los actuales gobernantes que lo desdeñan a-priori.
La sociedad no puede seguir siendo sujeto pasivo y victima año con año de malos gobierno s que la maltratan y la ignoran…

Debemos hacer oír nuestras voces las mayorías… debemos exigir… el silencio es claudicación o sumisión abyecta y se nos revierte cada día peor.